I. 2. El Jurado español tiene su origen en el s. XIX, por influencia naturalmente francesa [3], habiéndose creado por el Decreto de Las Cortes de 22 de octubre de 1820 para el enjuiciamiento de los delitos de imprenta (arts. 36 y ss.), distinguiéndose entre un Jurado de acusación (9 jueces legos), y otro para el juicio (12 jurados). Su regulación más importante se produjo con la Ley del Jurado de 20 de abril de 1888 (compuesta de 122 artículos y uno adicional), que optó por el sistema de Jurado puro : 12 jurados (sólo para el juicio), escogidos de forma clasista (mayores de 30 años, importantes contribuyentes, sujetos a incompatibilidades e incapacidades, pero con posibilidad de excusa), que pronunciaban el veredicto por mayoría absoluta de votos, resolviendo a continuación sobre el Derecho 3 magistrados técnicos. Su competencia se extendía a los delitos más graves, y contra el veredicto se concedían recurso de reforma y de revista, mientras que la sentencia era recurrible en casación y revisión [4].

Se trató de una Ley desafortunada, políticamente se anunciaba siempre su reforma, sin perjuicio de los inconvenientes de las suspensiones de garantías constitucionales en caso de desórdenes dictadas por los Gobiernos de turno, que suponían la suspensión del funcionamiento del Tribunal del Jurado, teniendo como defectos más graves un sistema de selección del Jurado muy complejo (a través de juntas municipales), el ser el cargo de Jurado prácticamente gratuito, favorecer la existencia de jurados profesionales, la falta de valor cívico de sus componentes para reaccionar frente a amenazas, influencias de amigos, jurados faltos de independencia, renuentes, blandos en algunos delitos, implacables en otros, hombres miserables, etc. [5] Su aplicación fue suspendida definitivamente con la victoria del General Franco en 1939.

I. 3. Las premisas de las que se parte hoy en España son muy distintas : La Constitución española de 1978 conceptúa al Estado español como Social, Democrático y de Derecho, reconociendo como valores superiores del Ordenamiento Jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1), emanando la soberanía del pueblo (art. 1.2). Estamos, pues, ante una democracia formal y real. La Justicia se enmarca en la Constitución como un verdadero Poder del Estado (Poder Judicial : Título VI, arts. 117 y ss.). Y ese Poder Judicial está regido básicamente por el principio de la independencia (art. 117.1).

Combinando esos elementos, resulta que la Justicia ni quiere el constituyente que sea, ni puede ser algo ajeno a los ciudadanos. Por ello, se admite el control social del funcionamiento de la Justicia y del ejercicio de la función jurisdiccional por los jueces no profesionales. El Jurado aparece, dentro de la moderna concepción del Estado de Derecho, como una institución fortalecedora de la democracia, porque es uno de los medios de participación de los ciudadanos en uno de los Poderes del Estado. También se entiende que esa manifestación del principio democrático que es el Jurado refuerza o garantiza mejor el ejercicio de la función jurisdiccional [6].

Con sus decisiones, el Jurado recuerda constantemente al legislador que la ley es y tiene que ser la expresión de la voluntad popular. Se dice por ello que el Jurado es una de las instituciones que más pueden dinamizar socialmente la Justicia. Ahora bien, este entronque de la institución con la democracia no significa que exista un derecho fundamental de los ciudadanos a ser Jurado. La Constitución española lo niega, al no reconocerlo ni expresa ni tácitamente, ni se puede aducir el art. 23.1 (participación en asuntos públicos), como fundamento de tal afirmación, ya que esta norma sólo contempla la participación política, es decir, en procesos electorales [7], ni el art. 23.2 (acceso a funciones o cargos públicos), porque este precepto hace referencia a cargos funcionariales y no representativos [8].

El constituyente se limita a establecer el Jurado como órgano jurisdiccional español en el art. 125 de la Constitución española, sin entrar en detalles, lo que implicaba la necesidad de desarrollar por Ley ordinaria (orgánica, según el sistema de fuentes español) este órgano jurisdiccional, tanto en sus aspectos orgánicos y estatutarios, como en lo relativo estrictamente al proceso penal que iba a tener lugar ante él [9].

Ante las dificultades políticas, jurídicas, económicas y sociales, para desarrollar inmediatamente esta previsión constitucional, se aprueban dos normas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (arts. 19.2 y 83), que contienen las tres líneas maestras de lo que deberá ser la futura Ley del Jurado (normas hoy parcialmente derogadas al entrar en vigor la Ley del Jurado de 1995): 1ª) El Tribunal del Jurado sólo se debía crear (reinstaurar) para procesos penales; 2ª) Sólo sería competente para enjuiciar delitos; 3ª) Finalmente, sólo podría conocer de los delitos para los que estuviera previsto. A estas limitaciones había que añadir otras de carácter particular : a) La extensión del conocimiento se ceñiría a los hechos; b) La actuación del Jurado se circunscribía a la fase del juicio oral de este proceso penal especial en primera instancia; y c) Se limitaba la incardinación orgánica a determinados órganos jurisdiccionales [10].

I. 4. Con estos precedentes próximos [11], se aprueba la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (Boletín Oficial del Estado del 23), reformada por la Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del 17, corrección de errores, Boletín Oficial del Estado del 21), y por el Código Penal de 1995 (disposición final 2ª de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Boletín Oficial del Estado del 24, corrección de errores, Boletín Oficial del Estado del 2 de marzo de 1996), cuya total entrada en vigor se produjo el día 25 de mayo de 1996. La Ley se compone de 70 artículos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales, habiendo sido complementada ya por diferentes normas de carácter reglamentario :

I. 5. Siendo su fundamento constitucional claro, la Ley del Jurado no resuelve sin embargo de manera diáfana las cuestiones principales que se plantean con ese carácter, u opta por una decisión polémica. Nos referimos en concreto a estas tres :

II. 1. El Tribunal del Jurado español no tiene su planta y demarcación establecida con carácter general en todos los órganos jurisdiccionales que tienen competencia penal, sino tan sólo en algunos, concretamente estos tres (arts. 1.3, 2 y disposición final 2ª.1 y 2): a) La Audiencia Provincial (supuesto orgánico ordinario); b) El Tribunal Superior de Justicia, para casos de aforamiento de personalidades y altos cargos a nivel de Comunidad Autónoma; y c) El Tribunal Supremo, también cuando se den enjuiciamientos de altas personalidades y cargos del Estado aforados.

II. 2. Según el art. 2 la composición del Tribunal del Jurado es de un Juez técnico y nueve Jueces legos, desglosada del siguiente modo :

II. 3. La competencia objetiva del Tribunal del Jurado español es la siguiente (art. 1.1 y 2) [14] :

La determinación de la competencia objetiva antedicha afecta al presunto hecho delictivo cualquiera que sea su grado de participación y de ejecución (art. 5.1), salvo en el caso de los delitos contra la vida humana (homicidio y asesinato), de los que únicamente conocerá el Jurado si se ha producido la muerte de una persona (art. 5.1 "in fine"), con el fin evidente de evitar sobrecarga a este tribunal.

II. 4. También se extiende la competencia objetiva a las siguientes cuestiones jurídicas :

II. 5. Las reglas de competencia funcional, por lo que afecta a los recursos, son éstas [15] :

II. 6. Las normas de competencia territorial se ajustan al principio general del fuero del lugar de comisión del delito (art. 5.4).

III. 1. La Ley del Jurado española regula con detalle el estatuto jurídico de los Jueces legos, partiendo de los siguientes principios [16] : a) Los Jurados son Jueces, por tanto, ejercen función jurisdiccional (art. 3), siendo para ellos al mismo tiempo una obligación y un derecho desempeñar el cargo (art. 6); b) El derecho y el deber son naturalmente de carácter público, personal e inexcusable, estando protegidos por los ordenamientos funcionarial y laboral (art. 7.2); y c) El cargo está retribuido (art. 7.1, que prevé sueldo más indemnizaciones), en cuantía fijada reglamentariamente hoy alrededor de 10.000 pts. diarias, más gastos de viaje, alojamiento y manutención.

III. 2. En el estatuto personal del Jurado hay que distinguir dos aspectos distintos : Las normas que afectan personalmente a los Jurados para garantizar la independencia de su función, y el procedimiento de selección y designación.

La independencia es un principio clave y específico de todo Juez reconocido por el art. 117.1 de la Constitución, cuya importancia se recoge también en el art. 3.3 y 4 de la Ley del Jurado, que consagran los principios de la independencia de los Jueces legos, responsabilidad y sumisión a la Ley, pudiendo denunciar ante el Magistrado-Presidente los hechos perturbadores de la misma. Es verdad, sin embargo, que el principio de la independencia del Juez lego tiene matices diferenciadores importantes respecto al Juez técnico. Así, la inamovilidad no es la misma, pues el Jurado puede ser disuelto por el Magistrado-Presidente por diversas causas previstas en la Ley. El Jurado recibe, por otra parte, instrucciones del Juez técnico a la hora de contestar el veredicto. Puede además cualquier candidato a Jurado, antes de entrar en funcionamiento, ser recusado sin causa. Finalmente, las medidas de protección que tiene son insuficientes notoriamente, pues no basta con denunciar la perturbación al Magistrado-Presidente.

III. 3. La Ley del Jurado ordena las normas relativas al estatuto jurídico de los Jueces legos del siguiente modo :

Esas sanciones pueden ser penales en estos casos : a) Los Jurados que abandonen sus funciones sin causa legítima, o incumplan las obligaciones que les imponen los arts. 41.4 y 58.2, incurrirán en la pena de multa de 100.000 a 500.000 pts.; b) Los Jurados que incumplan las obligaciones impuestas en el art. 55.3 (secreto de las deliberaciones para llegar al veredicto), incurrirán en pena de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pts.; y c) Específicamente, los jurados pueden cometer delito de cohecho (art. 422 del Código Penal de 1995).

III. 4. Determinar exactamente qué ciudadano con nombres y apellidos va a ser Jurado en un juicio penal concreto requiere una regulación detallada, que no tendría por qué ser compleja, muy cuidadosa en sus términos al estar en juego varios principios constitucionales : Igualdad, no discriminación, proporcionalidad, libertad de conciencia, propia imagen, entre otros, además naturalmente del derecho al juez legal predeterminado por la ley, y de los propios principios de la independencia judicial e imparcialidad.

La organización del llamamiento se realiza en la Ley del Jurado, aunque no se dice así expresamente, teniendo en cuenta las siguientes fases : a) Decidir inicialmente quiénes no pueden ser miembros en abstracto de un Tribunal del Jurado, por no reunir los requisitos exigidos; b) Una vez seleccionados los que valen teóricamente para ser Jurado, decidir quiénes de ellos deben estar disponibles durante un período de tiempo o sesiones para poder ser llamados a constituir el Tribunal del Jurado; y c) De los disponibles durante el período de tiempo, decidir finalmente quiénes han de constituir el Tribunal del Jurado para una causa concreta.

La Ley del Jurado dedica a esta cuestión los arts. 13 a 23 y 38 a 41, que, según su Exposición de Motivos (apartado II, párrafo X), recogen un procedimiento respetuoso con los principios de transparencia y publicidad, que parte de las listas provinciales del censo. En general, el procedimiento se produce cada dos años, comenzando el 15 de septiembre y finalizando el 31 de diciembre de los años pares.

Como concreción de lo antedicho, se distinguen a su vez varias subfases sucesivas : Formación de las listas de candidatos a Jurados (art. 13), reclamaciones contra la inclusión en las listas (arts. 14 y 15), publicación de las listas definitivas (art. 16), determinación de las causas con Jurado y períodos de sesiones (arts. 17 a 23), llegando finalmente a la constitución del Jurado para una causa concreta (arts. 38 a 41).

De esta última fase debemos destacar la posibilidad que tienen las partes de recusar sin causa a los Jurados, a la vista de las contestaciones a las preguntas que les formulan "in situ", tal y como ocurre en otros sistemas jurídicos. Teóricamente, además de ser la última oportunidad de garantizar el principio de imparcialidad, sirviendo por ejemplo para eliminar a quienes estén en contra del Jurado, también debe aprovecharse para aplicar el de proporcionalidad, equilibrando la composición del Jurado.

No regula la Ley el modo de practicar el interrogatorio que puede llevar a la recusación sin causa. Desde luego, parece absolutamente claro que el Magistrado-Presidente va a tener que ser muy condescendiente con las preguntas, casi todas ellas íntimas, que van a formular las partes a los candidatos a jurados, que en un juicio oral sin Jurado nunca toleraría, sin perjuicio de residir en su potestad en último lugar la declaración de impertinencia de la pregunta, pues si no lo es, será imposible averiguar los posibles prejuicios, opiniones o conductas que fundamentarían la exclusión. Sería conveniente que el Magistrado-Presidente, igualmente, les exhortara a decir verdad, y parece también claro que los candidatos no pueden negarse a contestar, aunque siempre podrá el juez lego ampararse en sus derechos a no declarar contra sí mismo, ni a confesarse culpable, del art. 24.2 de la Constitución, lo que debería ser causa sin embargo a nuestro juicio suficiente para que la parte meditara sobre su exclusión. De otro lado, dicho interrogatorio se va a tener que practicar aisladamente con cada candidato, para la mejor protección de sus derechos fundamentales a la dignidad e intimidad (arts. 10 y 18 de la Constitución), y sólo al final de formular las preguntas a todos sería lógico eliminar sin causa a los candidatos inidóneos, y no conforme vayan contestando.

IV. 1. La Ley del Jurado regula, finalmente, el proceso penal especial que va a tener lugar ante este Tribunal, por el sistema de establecer especialidades respecto al proceso penal ordinario, habiendo modificado también normas relativas a la instrucción, sin hacer ninguna falta, pues en ella no interviene lógicamente el Jurado [17]. La más importante es, sin duda, la relativa a al veredicto, punto culminante de la actuación del Jurado puro o anglosajón.

El veredicto es la afirmación que hace el Jurado contestando a las preguntas que sobre los hechos ha formulado el Magistrado-Presidente. De acuerdo con el art. 3.1, la emisión del veredicto consiste en primer lugar en declarar probado o no probado el hecho criminal reprochado al acusado, que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal. Según ese precepto, también es objeto del veredicto declarar probado o no probado "aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variación sustancial de aquél". Y de acuerdo con el art. 3.2, el veredicto se extiende igualmente a declarar la inocencia o culpabilidad del acusado, por su participación en el hecho o hechos criminales respecto de los cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusación.

IV. 2. El veredicto se produce al finalizar el juicio oral. El método fijado para la determinación de su objeto por el art. 52 consiste en hacer una serie de preguntas que el Jurado debe contestar, todas de contenido fáctico (excepto la prevista en el art. 52.2, sobre remisión condicional o indulto), redactadas por escrito, acerca de : hechos de la acusación y de la defensa que están probados y los que no; si concurre alguna causa de exención de la responsabilidad criminal; el grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad; y el delito que se le imputa; siguiendo idéntico sistema si hay varios delitos y varios acusados [18].

La cuestión más complicada en la práctica es sin duda la calificación de los hechos como favorables o desfavorables (contrarios) al acusado. La decisión última es del Magistrado-Presidente. Es muy difícil decir "a priori" qué hecho es favorable y qué hecho es contrario, pues la regla que afirma que es contrario todo hecho que fundamente la acusación, y favorable todo hecho que fundamente la defensa, puede ser poco pragmática. Habría que decir, en principio, que es desfavorable todo hecho del que, probado, se deduzca la condena a cualquier tipo de pena o medida de seguridad, y favorable todo hecho del que, probado, se deduzca la absolución o una condena inferior a la solicitada por la acusación. Por otro lado, el Jurado podría cambiar la naturaleza de un hecho favorable como contrario, o a la inversa, a la vista de su deliberación. En este caso, lo procedente sería devolver el veredicto para que se pronunciara el Magistrado-Presidente, oídas las partes, con fundamento en el art. 63.1, a), o en su letra d).

Está prevista la intervención de las partes para que puedan rectificar o mejorar el escrito del Magistrado-Presidente en el que propone el objeto del veredicto (art. 53). En caso de que las peticiones de las partes sean rechazadas, pueden formular protesta a efectos del posterior recurso.

El art. 54 contempla las instrucciones a los Jurados hechas por el Magistrado-Presidente explicando al Jurado el objeto del veredicto ya definitivamente redactado, en audiencia pública y con presencia de las partes. Su fin, por tanto, es suplir la falta de conocimientos jurídicos del Jurado, lo cual puede ser un arma de doble filo, pues queda constatada históricamente su peligrosidad, por lo menos en España, al haberse convertido en la práctica de la vigencia de la Ley del Jurado de 1888 en una segunda posibilidad acusatoria o, mucho peor, en una influencia prohibida por la ley decisiva y orientada en cuanto a la valoración de la prueba. El Magistrado-Presidente debe explicar el contenido del escrito, sin prejuzgar ni dar opiniones propias, informándoles del deber de absolver si después de la deliberación persisten sus dudas probatorias.

IV. 3. A continuación el Jurado se retira a deliberar el veredicto en sala cerrada, acto regulado en los arts. 55 a 57. Preside el primer sorteado, pero no tiene por qué ser el portavoz. La deliberación es secreta.

El Jurado puede pedir por escrito aclaraciones sobre cualquier punto al Magistrado-Presidente, que ampliará sus instrucciones en una comparecencia pública asistido del Secretario, del Ministerio Fiscal y de las demás partes.

La votación se regula en los arts. 58 a 60. Es obligatoria y nominal, entendiéndose que la abstención es a favor de las tesis de la absolución, votándose sobre cada una de las preguntas, y hay dos.

Nuevamente considera la Ley del Jurado en su art. 59.2, II la posibilidad de votar hechos nuevos, siempre que de ello no se derive una alteración sustancial o una agravación de la responsabilidad, cuando no se hayan obtenido inicialmente las votaciones exigidas para el veredicto.

Se vota también la remisión condicional y el indulto (5 votos), pero no se vota la responsabilidad civil, al ser competencia exclusiva del Magistrado-Presidente (art. 4, II), porque el art. 125 de la Constitución al referirse a juicios criminales no contempla el objeto civil acumulado al penal, sino tan sólo las cuestiones de esta naturaleza. Lo contrario sería ampliar el Jurado a lo civil.

El cómo votar para llegar a esas mayorías, una vez el Jurado está en la sala de deliberaciones reunido en secreto e incomunicado, es una cuestión que depende de cada caso y de la habilidad de quien presida el Jurado, pues hay que intentar llegar a toda costa a 7 votos o a 5 votos para lograr declarar probados unos hechos contrarios o favorables al acusado, y luego a 7 votos para ser culpable o a 5 para declararlo inocente, teniendo en cuenta que los Jurados legos son 9 (los dos suplentes están fuera a disposición del Tribunal, art. 66.2). Pero si no se logran las mayorías necesarias para pronunciar un veredicto de culpabilidad en base a unos hechos probados contrarios al acusado, ni siquiera con las variantes que permite el art. 59.2, o bien el veredicto es de inocencia (v. arts. 54.3 "in fine" y 58.3), o bien se está abocado hacia una devolución del acta por el Magistrado-Presidente (art. 63.1, c). Esto no es irreal, piénsese en un resultado definitivo de la votación 6 a 3, que implica ausencia del veredicto.

El veredicto se recoge en un acta, que tiene un contenido específico fijado en el art. 61.1. El acta se entrega al Magistrado-Presidente, quien convoca a las partes para que se lea en audiencia pública por el portavoz. Una vez leído el veredicto, el Jurado cesa en sus funciones (art. 66).

IV. 4. El Magistrado-Presidente es quien condena o absuelve en la sentencia, en consonancia con el veredicto del Jurado al que queda vinculado (art. 4, I), ello porque el título ejecutivo es la sentencia y, por tanto, carece de sentido sin el veredicto. Las posibilidades son dos :

A continuación el Magistrado-Presidente redacta la sentencia de acuerdo con el art. 70.1, publicándose y archivándose conforme a las normas generales (art. 70.3).

V. Finalmente hemos de considerar la institución desde el punto de vista práctico. En el poco tiempo que lleva aplicándose [20], podemos extraer ya como conclusión que la Ley del Jurado no es una buena Ley, por sus innecesarias complicaciones procesales, por regular más allá de lo debido, por sus defectos técnicos, algunos muy graves, y por ser ininteligible en general para su principal destinatario, el ciudadano lego en Derecho.

Vamos a exponer a continuación los defectos más importantes de la Ley, ciñéndonos al aspecto del Juez lego básicamente [21] :

1º) Opción por el sistema de Jurado puro y no por el Escabinato, menor participación del ciudadano :

El primer error legal ha sido en nuestra opinión no aprender de los países que instauraron el Jurado y unos años después lo transformaron en Escabinato (v. infra al final de este texto), que son los más cercanos a nuestra propia cultura y del mismo sistema jurídico (Francia y Alemania, principalmente), y fijarnos por contra en un sistema de enjuiciamiento criminal extraño a nuestra tradición (Inglaterra y USA), ciertamente de moda el siglo pasado en Europa, pero hoy totalmente superado en los países de civil law. De esta manera, los ciudadanos españoles, que "sufren" la aplicación de un Ordenamiento Jurídico, sus principios y normas, se ven de pronto introducidos en otro distinto, que únicamente conocen por el cine o por determinados libros, sin perjuicio de informaciones de prensa concretas, normalmente ante veredictos escandalosos allende los mares.

Técnicamente, no habría existido ningún problema constitucional para introducir directamente el Escabinato, pues el art. 125 CE es lo suficientemente amplio como para permitir todas las posibilidades conocidas [22]. Si la Constitución hubiera querido limitar o restringir las posibilidades teóricas del modelo, lo habría dicho expresamente, como hace el propio precepto respecto a la extensión del Jurado.

Consecuencias prácticas de esta decisión, que ya se han demostrado o costosas o problemáticas, son las siguientes :

Pero quizás el aspecto más preocupante de la opción del legislador español sea precisamente la no concreción del llamado argumento democrático a favor del Jurado [25], puesto que, a pesar de la incidencia en ello que realiza la Exposición de Motivos de la LJ (apartado I, básicamente), el sistema que da una mayor participación al ciudadano es el Escabinato, y no el Jurado, pues en éste su intervención se constriñe a los hechos, mientras que en el Escabinato se pronuncia, además, sobre el Derecho [26]. Esta contradicción ni ha sido notada, ni por tanto salvada, por el legislador.

2º) Escasas y extrañas competencias objetivas del Jurado :

Sin entrar en el detalle de las que actualmente posee (art. 1 LJ), entre las que destacamos el homicidio o asesinato consumado [27], las otras competencias son en sí mismas muy criticables [28], como hemos criticado oportunamente al comentar dicho precepto, que ahora recordamos : ¿Es conveniente que el Jurado sea competente para enjuiciar los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, entre los que está el cohecho, o la infidelidad en la custodia de presos ?, ¿Qué tendrán las amenazas que en la práctica se intentan disfrazar como coacciones, o incluso degradar a faltas, para que no sean competencia del Jurado [29] ?, ¿Por qué vericueto han desaparecido los delitos de injuria y calumnia de la competencia del Jurado ?, etc., etc.

Sorprende además extraordinariamente la exclusión de determinados delitos que tanto preocupan a la Sociedad española actual, tales como los delitos contra la libertad de expresión, los delitos contra la propiedad, o los delitos contra la libertad sexual, así como los restantes delitos ecológicos o contra el medio ambiente [30], salvo el de incendios forestales que sí ha sido incluido por el Congreso. Las dos justificaciones aducidas, a saber, no sobrecargar al Jurado en su fase inicial con excesivas competencias, y, quizás también, pensar en no vaciar de contenido la figura del Juez de lo Penal, no son argumentos ni mucho menos concluyentes, más bien parece un exceso de precaución (recordemos los comentarios al art. 1 LJ, en donde hacemos las oportunas referencias a la Exposición de Motivos de la LJ y a las discusiones parlamentarias).

El Consejo General del Poder Judicial ha interpretado que el sistema de competencia objetiva establecido, a la luz de los casos prácticos analizados, está provocando una “huida del Jurado”, consistente en “la frecuente y consciente intención de los actores procesales de evitar el enjuiciamiento por el Tribunal del Jurado de esos delitos modificando la calificación de los hechos...”, también incentivada por el favorecimiento de la conformidad [31].

3º) Falta de previsión legal para componer un Jurado proporcionado :

La LJ no garantiza expresamente un Jurado proporcionado, quizás no podía hacerlo. Pero, efectivamente, habría que cuidar mucho su cumplimiento, de manera que, por poner ejemplos fácilmente comprensibles, de los 9 Jurados titulares, 5 sean hombres y 4 mujeres, o a la inversa; 5 tengan estudios universitarios y 4 no, o a la inversa; 5 estén entre los 30 y 50 años y el resto por arriba o por abajo, etc.

Una de las instituciones clave para lograrlo es la llamada recusación sin causa del art. 40.3 LJ, pero también está resultado problemática su aplicación : Conocidos los nombres de los candidatos a Jurado, los acusadores penales (pero no los actores ni los responsables civiles) y la defensa tienen nuevamente derecho de recusación del Juez lego, pudiendo cada parte recusar hasta 4 Jurados sin motivo legal, a la vista de las contestaciones a las preguntas que les formulan "in situ". Teóricamente, además de ser la última oportunidad de garantizar el principio de imparcialidad, sirviendo por ejemplo para eliminar a quienes estén en contra del Jurado, también debe aprovecharse para aplicar el de proporcionalidad, equilibrando la composición del Jurado.

De momento, la práctica va mostrando diferentes interpretaciones de estas posibilidades, ante el silencio de la Ley, pues unos Tribunales practican el interrogatorio en presencia de todos los candidatos, y otros aisladamente; unos Tribunales permiten la recusación al final, y otros según vayan contestando los candidatos. También es de destacar de la experiencia práctica producida hasta la fecha, sobre todo en casos en los que el delito enjuiciado era homicidio o asesinato, que la acusación y la defensa han recusado sin causa, según sus intereses, a aquéllos claramente contrarios al Jurado, a quienes vivían en el mismo lugar en donde se produjeron los hechos, a quienes habían sido víctima ya de un delito, y a quienes manifestaron tener un carácter agresivo.

Como se dice ya en lenguaje forense, este trámite se ha convertido en una “lotería”, pues ante la falta de tiempo para estudiar los cuestionarios y valorarlos, antes denunciada, y al no prever la LJ que las partes puedan consultar entre ellos, si hay varios acusadores o varios defensores, es imposible dar con el candidato a Jurado ideal.

Además, y se cita igualmente como constatación empírica a la vista de los juicios que hasta la fecha hemos presenciado, los Magistrados-Presidentes están desautorizando determinadas preguntas que podrían ser claves para hallar la idoneidad del Jurado en el caso concreto, siendo que deberían tener criterios más flexibles, pues es inevitable realizar preguntas que de alguna manera rozan su derecho a la intimidad. Por ejemplo, pregunta de la acusación : “¿Cree Vd. en la Justicia ?”, interrupción del Magistrado-Presidente : “No conteste a esa pregunta”. Si no cambia el criterio, va a ser muy difícil averiguar ciertos pensamientos importantes del candidato a Jurado, que de no saberse pueden ocultar su inidoneidad para la función [32].

Y, por otra parte, también resulta muy fácil para el candidato a Jurado eludir en este momento su responsabilidad, dando respuestas que fuercen a ello [33].

4º) Graves dificultades para comprender las "instrucciones" del Magistrado-Presidente :

El fin de las famosas "instructa" (art. 54 LJ) es suplir la falta de conocimientos jurídicos del Jurado, lo cual puede ser un arma de doble filo, pues queda constatada históricamente su peligrosidad, por lo menos en España, al haberse convertido en la práctica de la vigencia de la Ley del Jurado de 1888 en una segunda posibilidad acusatoria o, mucho peor, en una influencia prohibida por la ley decisiva y orientada en cuanto a la valoración de la prueba.

Cuando se da traslado al Jurado del escrito con el objeto del veredicto, en audiencia pública y con presencia de las partes, el Magistrado-Presidente debe explicar el contenido del escrito, sin prejuzgar ni dar opiniones propias, informándoles del deber de absolver si después de la deliberación persisten sus dudas probatorias. Y esto en la práctica está resultando muy difícil de cumplir. Aducida legítima defensa por el acusado, por ejemplo, los Jurados no saben qué es exactamente, y los Magistrados-Presidentes, con la ayuda de las partes aunque la LJ no dice expresamente que puedan intervenir (v. su art. 54.1), pero así se hace en la práctica correctamente y ello ha sido confirmado por la Jurisprudencia [34], tienen dificultades para explicarla sin tecnicismos, y sobre todo, sin prejuzgar [35].

5º) Alto riesgo de ininteligibilidad del objeto del veredicto :

El veredicto se produce al finalizar el juicio oral. El método consiste en hacer una serie de preguntas que el Jurado debe contestar (aunque se habla incorrectamente de "proposiciones"), todas de contenido fáctico (excepto la prevista en el art. 52.2 LJ, sobre remisión condicional o indulto), y redactadas por escrito, acerca de : hechos de la acusación y de la defensa que están probados y los que no; si concurre alguna causa de exención de la responsabilidad criminal; el grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad; y el delito que se le imputa; siguiendo idéntico sistema si hay varios delitos y varios acusados [36].

La lectura del art. 52 LJ revela en primer lugar que el escrito que contiene el objeto del veredicto está siendo muy complicado de interpretar por los Jurados, incluso para el propio Magistrado-Presidente lo es la redacción de ese escrito [37], y éste es uno de los puntos claves de la Ley del Jurado.

Se da además la circunstancia de que la LJ no prevé el lapso de tiempo en que el Magistrado-Presidente y las partes deben acordar el objeto del veredicto. Puesto que parece que resulta imposible hacerlo inmediatamente, habrá que entender que el plazo máximo es de una audiencia, es decir, de 24 horas (a lo que equivale en la práctica la expresión "sin dilación" del art. 198, I LECRIM), y sin embargo en la práctica no se hace esto, sino que presentación de objeto del veredicto provisional, discusión y redacción definitiva se ejecutan sin solución de continuidad.

No nos parece correcto el art. 52.1, g), que prevé la adición de hechos no sustanciales en favor del acusado que no causen indefensión, no sólo porque en verdad sea una disposición contraria al principio acusatorio [38], aunque favor rei, sino también por el peligro de prejuzgamiento, a pesar de la declaración que se puede considerar genérica del art. 54.3 LJ. Habría sido mucho mejor reconocer llanamente la aplicación del art. 733 LECRIM en este proceso.

6º) Dificultades para una deliberación ordenada y para motivar adecuadamente el veredicto :

El Jurado se retira a una sala cerrada a deliberar. Puede pedir por escrito aclaraciones sobre cualquier punto al Magistrado-Presidente, que ampliará sus instrucciones en una comparecencia pública asistido del Secretario, del Ministerio Fiscal y de las demás partes [39]. Esto supone una gran pérdida de tiempo para el Magistrado-Presidente, el Fiscal y los Abogados, pues están a disposición permanente del Jurado por si se tiene que aplicar esta norma.

Parece que se fija un tiempo máximo para emitir el veredicto de 48 horas (v. art. 57.2 LJ). Si después de esos dos días sigue el Jurado sin llegar al veredicto, el Magistrado-Presidente devuelve el acta de acuerdo con lo previsto en el art. 64 LJ, efecto sin duda perjudicial ante todo para los propios Jurados, y después para la propia efectividad del proceso. Claro es que optar por la solución de deliberación conjunta entre el Magistrado-Presidente y los Jueces legos, habría sido admitir el Escabinato, que por cierto, los países que han llegado a él siendo juradistas puros, lo han hecho precisamente por este tema, entre otros lógicamente.

El veredicto debe ser motivado (art. 61 LJ), para cumplir con el principio de motivación de la sentencia (art. 120 CE), dado que es parte integrante de ésta, lo cual nos acerca al Escabinato, sin duda alguna (v. supra). El problema es que el Consejo General del Poder Judicial constata que sólo en el 35'29% de los casos analizados, la motivación del veredicto fue adecuada y suficiente, pero en la mitad de las causas examinadas la motivación del veredicto fue o inexistente o manifiestamente insuficiente, calificándose 6 veredictos como claramente "desviantes" [40].

Por cierto, los Jurados suplentes deben estar a disposición del Tribunal en el lugar que les indique el Magistrado-Presidente (art. 66.2 LJ), y ello no se cumple cuando, llegado el momento de la deliberación, son enviados a su casa, por muy comprensible que pueda parecer esta medida [41]. A disposición del Tribunal significa claramente que deben estar en la sede del órgano jurisdiccional, que es el lugar más apropiado, pero no en la sala de deliberación lógicamente.

7º) Las complicaciones de la votación del veredicto :

La votación es obligatoria y nominal, entendiéndose que la abstención es a favor de las tesis de la absolución, votándose sobre cada una de las preguntas (v. art. 58 LJ). El problema es que, en nuestro sistema, hay dos votaciones esenciales sobre los hechos y sus consecuencias (arts. 59 y 60 LJ). Recordemos las cuestiones problemáticas comentadas al tratar estos artículos.

En efecto, la primera votación se refiere a los hechos probados, requiriéndose al menos 7 votos de 9 si son contrarios al acusado, y 5 votos de 9 si son favorables. Este es un punto problemático, porque siempre se ha dicho que la unanimidad favorece una mayor riqueza del debate [42], pero puede justificarse diciendo que exigir la unanimidad haría que el índice de fracasos se elevara demasiado, lo cual también significa una cierta desconfianza.

A continuación se vota la culpabilidad o inocencia : 7 votos para ser culpable, 5 votos para ser inocente. Ante todo dos cuestiones conceptuales : No se vota la "culpabilidad" por un Jurado lego, puesto que únicamente puede pronunciarse sobre los hechos, y culpabilidad es aplicar normas del Código Penal a unos hechos. El modelo norteamericano ha pesado aquí mucho. Es más claro decir que se vota si el acusado ha ejecutado los hechos o no; segundo, en esta fase no se puede hablar de delitos "imputados", ya que existe una acusación. Hay que referirse por tanto a los hechos criminales que constituyen el objeto del proceso.

También cabría añadir finalmente que, de facto, no parece necesaria esta segunda votación al estar implícita en la anterior con una regulación distinta de este trámite, pero el discurso legal es lógico, pues declarado probado un hecho no se deriva de ello la condena necesariamente, por lo que hay que votar de nuevo.

Nuevamente considera la LJ en su art. 59.2 la posibilidad de votar hechos nuevos, siempre que de ello no se derive una alteración sustancial o una agravación de la responsabilidad, cuando no se hayan obtenido inicialmente las votaciones exigidas para el veredicto. En puridad, seguimos insistiendo, esta disposición es inquisitiva, pero además desconoce la esencia del Jurado puro, el seguido por la LJ, porque en este sistema el Juez lego nunca puede prescindir de las preguntas del Juez técnico, transformarlas, ampliarlas o sustituirlas.

Se vota también la remisión condicional y el indulto (5 votos), pero no se vota la responsabilidad civil, al ser competencia exclusiva del Magistrado-Presidente (art. 4, II LJ), porque el art. 125 CE al referirse a juicios criminales no contempla el objeto civil acumulado al penal, sino tan sólo las cuestiones de esta naturaleza. Lo contrario sería ampliar el Jurado a lo civil.

El cómo votar para llegar a esas mayorías, una vez el Jurado está en la sala de deliberaciones reunido en secreto e incomunicado, es una cuestión que dependerá de cada caso y de la habilidad de quien presida el Jurado, pues hay que intentar llegar a toda costa a 7 votos o a 5 votos para lograr declarar probados unos hechos contrarios o favorables al acusado, y luego a 7 votos para ser culpable o a 5 para declararlo inocente, teniendo en cuenta que los Jurados legos son 9 (recordemos que los dos suplentes están fuera a disposición del Tribunal, art. 66.2 LJ). Pero si no se logran las mayorías necesarias para pronunciar un veredicto de culpabilidad en base a unos hechos probados contrarios al acusado, ni siquiera con las variantes que permite el art. 59.2 LJ, o bien el veredicto es de inocencia (v. arts. 54.3 "in fine" y 58.3 LJ), o bien se está abocado hacia una devolución del acta por el Magistrado-Presidente (art. 63.1, c) LJ). En cualquier caso, teóricamente esto no se puede saber nunca, es decir, el explicar cómo se ha desarrollado la deliberación, pues el miembro del Jurado estaría entonces cometiendo delito al revelar un secreto (art. 55.3 y DA-2ª.2 LJ).

Llama poderosamente la atención que, precisamente en el art. 61.1, d) LJ, el Jurado pueda llegar a fundamentar, sucintamente se dice, sus elementos de convicción, porque esto es propio del Escabinato.

En la práctica habida hasta ahora, la votación del objeto del veredicto está resultando el punto de inflexión máximo del funcionamiento del Tribunal del Jurado, pues se demuestra que deviene extraordinariamente complicado responder correctamente a las preguntas y votarlas. El tema es que en el discurso lógico de las preguntas llega un momento en que se produce una bifurcación, si se nos permite la expresión, según se acojan las tesis de la acusación o de la defensa. Por ejemplo, casi todos los escritos que contienen el objeto del veredicto, y esto, no olvidemos, hay que votarlo, llegan a una proposición determinada que dice algo así como : "Si han votado Vdes. afirmativamente la proposición cuarta anterior, pasen a votar las proposiciones novena, décima y decimoprimera".

Ha habido, por ello, muchos veredictos contradictorios, que o han significado la devolución del acta por el Magistrado-Presidente, o la anulación del veredicto, lo que implica nuevo juicio con nuevo Jurado, al estimarse el correspondiente recurso de apelación. ¿Será quizás por esto por lo que, ante esa complicación, los Jurados prefieren no responsabilizarse, y están dictando veredictos muy benignos ? [43]

8º) El establecimiento de la doble instancia y recurso de casación :

En la escasa práctica existente hasta ahora, las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, en contra de la dicción literal, pues estamos ante una apelación tasada, "han tendido a un conocimiento pleno en segunda instancia del objeto del enjuiciamiento" del proceso especial ante el Tribunal del Jurado [44]. La pregunta es, entonces, ¿cómo se cumple así con el principio de intangibilidad del veredicto ?

Las sentencias del TSJ dictadas en segunda instancia del proceso penal especial ante el TJ son recurribles en casación (nuevo art. 847 LECRIM, introducido por la DF-2ª.16 LJ).

Esta norma es francamente criticable, porque supone el primer caso conocido en nuestro Derecho en el que un proceso penal tiene primera, segunda instancia y casación, abandonando la tradición histórica. Es cierto que el recurso de apelación penal se ha ido convirtiendo progresivamente en un auténtico recurso introductorio de la segunda instancia [45], pero aprovechar la Ley del Jurado para establecer un régimen de recursos equiparable al civil para los asuntos más cuantiosos parece aventurado. Ni que decir tiene que además está en peligro el proceso sin dilaciones indebidas, querido por el art. 24.2 CE, aunque se cumpla con la disposición del art. 14.5 PIDCP de 1966 [46].

La LJ va más allá, sin embargo, pues no sólo admite el recurso de apelación penal, sino que además establece una nueva regulación del mismo, aunque aplicable solamente al proceso penal especial competencia del TJ, al añadirse los nuevos arts. 846 bis a), a 846 bis f) por la DF-2ª.14, que transforman este recurso de ordinario a extraordinario en cuanto a su naturaleza.

VI. Para concluir debemos preguntarnos cuál es el futuro del Jurado español. En nuestra opinión, desde luego no debe ser la derogación de la Ley y, por tanto, la supresión del Jurado, sino que pensamos que, a la vista de las experiencias del Derecho comparado, hay que dar un paso más e introducir en nuestro sistema el Escabinato.

En efecto, Francia, Alemania, Italia y Portugal, los países más importantes de nuestro entorno cultural de sistema jurídico continental, tienen hoy Escabinato, el sistema de participación popular en el Poder Judicial en el que, como es sabido, comprendiendo en toda su extensión dichos términos, los Jueces legos no solamente declaran probados los hechos y dictan el veredicto de culpabilidad, sino que además establecen las consecuencias jurídicas del delito, la pena o medida de seguridad, todo ello conjuntamente con los Jueces técnicos.

Para llegar al Escabinato, pensamos que tan sólo habría que introducir tres reformas en la Ley del Jurado, aunque por su calado más valdría aprobar una Ley nueva que regulara tan sólo las cuestiones orgánicas y una Ley de Enjuiciamiento Criminal también totalmente nueva :

1ª) Suprimir todas las normas procesales penales relativas a la instrucción y etapa intermedia :

Limitándose la intervención del Escabinato a la fase de juicio oral del proceso penal, no hace falta ninguna reforma de la LECRIM relativa a la instrucción o a la fase intermedia, siempre y cuando la LECRIM considere dichas fases del proceso penal en función de un juicio oral con Jurado. Por tanto, hace falta una nueva LECRIM, que, desde luego, prevea un mismo procedimiento preliminar para todas las causas por delito, no un parcheo reformista de la misma. Y, desde luego, antes de esa LECRIM futura, hace falta sobre todo tener claro el modelo de enjuiciamiento criminal que se desea [47], lo que no parece claro en estos momentos en España, o al menos no hay acuerdo suficiente sobre ello.

2ª) Simplificar el sistema de selección de los Jueces legos y reducir su participación a como máximo 4 Jurados, con un suplente, siendo los Jueces técnicos 3 también :

Naturalmente, se trata de una simple propuesta, formulada con carácter exclusivamente privado. Es evidente para nosotros, en coherencia con lo manifestado en páginas anteriores, que un solo Juez técnico no puede conformar el Tribunal de Escabinos, por lo que nos inclinamos por el sistema tradicional de tres Jueces técnicos. Los legos serían cuatro, votando cada Juez un voto, con derecho a voto discrepante. Esto implica, claramente y sin fisuras, que 4 votos de Jueces legos son mayoría frente a 3 votos de Jueces técnicos. El clásico inconveniente de la "contaminación" de los Jueces legos por los técnicos es más fácilmente evitable de lo que parece, como lo demuestra la experiencia de los países escabinistas citados antes.

3ª) Suprimir las normas sobre el objeto del veredicto y el veredicto :

Optándose por el sistema del Escabinato, las normas sobre el veredicto carecen de sentido, pues el acto procesal de sentencia, con todas sus complejidades penales y procesales penales, sería un acto conjunto y unitario del Tribunal de Escabinos, por lo que probar los hechos, establecer la culpabilidad del acusado (o su inocencia), y fijar las consecuencias jurídicas del delito (pena, medida de seguridad), sería una actividad común del Tribunal de Escabinos considerado, sin exclusión, en su totalidad.