It is, of course, a curious phenomenon that for more than one hundred and forty years, the Constitution was trespassed and there were so few litigation on the subject of that trespassing. I hope the trend is in the way of changing nowadays. At least, members of political parties have made statements in favour of the establishment of jury trials.

En un estudio comparativo y político de los tribunales de culturas muy diversas, Martin Shapiro proporciona ejemplos de la anterior afirmación [9]. La costumbre del juzgamiento por los jefes del grupo social o por colegios de asesores o de ancianos, actuando en forma pública y rodeados por el conjunto de la población en actitud de franca participación, señala este autor, no es característica solamente de organizaciones tribales : además de emplearse por los primitivos germanos, era la modalidad adoptada por los tribunales de la China imperial doscientos años antes de la era cristiana. La regla establecida para los jueces en este último caso era que debían prestar atención a las manifestaciones del público [10]. Por cierto que también forma parte de esta especie de prácticas la del linchamiento, modalidad que no obstante ser la negación de todo procedimiento legal, constituye una forma pura de participación popular en el enjuiciamiento de los casos criminales [11].

Establecida, entonces, esa premisa, es decir la de la amplitud del fenómeno cultural de que se trata, surge una segunda proposición : la de la universalidad de ese fenómeno. Lo que quiero afirmar es que todas las culturas, en todos los lugares y en todos los tiempos, las de la historia más antigua, las relevadas etnográficamente o las de las sociedades actuales, conocen alguna forma de participación popular en el enjuiciamiento criminal.

Esa afirmación, aparentemente, me pone en contradicción con lo sostenido anteriormente al referir el caso argentino en el que acabo de explicar que, no obstante el claro mandato constitucional, no se ha establecido el juicio por jura- dos y tampoco está contemplada ninguna forma de participación ciudadana en la administración de justicia. [12] Para aclarar la aparente contradicción y para exponer un poco mejor mi punto de vista traigo a continuación un ejemplo.

No hace muchos años ocurrió en la Argentina un caso que conmovió a prácticamente toda la población : el asesinato de una adolescente en la Provincia de Catamarca con el que se sospechaba vinculados a personajes influyentes de la política local. A pesar de no haberse encontrado pruebas claras de lo ocurrido fueron juzgados dos acusados contra los que se presentaban comprobaciones de carácter indiciario [13]. El juicio se inició en marzo de 1996 y concitó la atención pública que fue siguiendo sus alternativas, no solamente a través de los medios periodísticos, sino también con la transmisión en directo por las cámaras de televisión. Al cabo de unos cuantos días de audiencia, el tribunal de tres jueces profesionales que entendía en el caso consideró inconveniente que así fuera y resolvió prohibir las transmisiones. Eso dio lugar al reclamo indignado de la población que se expresó, entre otras formas, por medio de manifestaciones callejeras en distintos lugares del país, algunos de ellos, como ocurre con la ciudad de Buenos Aires, distantes a más de mil kilómetros de Catamarca. Tanta fue la presión de la opinión pública que apenas transcurridas veinticuatro horas de la resolución prohibiendo las transmisiones, la máxima autoridad judicial de la Provincia, la Corte Suprema de Catamarca, tomó intervención y ordenó reanudar las transmisiones. Al día siguiente de esto renunció el presidente del Tribunal que había ordenado la suspensión, obligando a un nuevo juicio que recién pudo celebrarse más de un año después con otros jueces integrando el panel [14].

La reflexión que sugiere ese episodio me parece evidente : la sociedad nunca permanece ajena al proceso de enjuiciamiento de aquellos casos que la conmueven. Su influencia en los juicios criminales, es decir los que se refieren a los delitos más graves, es inevitable. Puede tener lugar de unas u otras maneras. Por ejemplo puede canalizarse de una manera institucionalizada : con jurados, escabinos, asesores populares o con otras variantes de esa índole. O puede traducirse en formas bastante caóticas : con los vítores y abucheos de la asamblea que rodea a los jueces, con linchamientos, o con manifestaciones callejeras que imponen la presencia de los medios masivos de comunicación en la audiencia. Es claro que se trata de dos modalidades bien distintas, una formalmente establecida y organizada y otra espontánea y primitiva. De allí entonces la explicación de mi aparente contradicción : se puede afirmar la universalidad del fenómeno participativo como género al mismo tiempo que se niega la presencia de una de sus especies, la de la participación institucionalizada. Es esto último lo que puede verificarse en países como la Argentina en los que la participación no tiene ningún reconocimiento legal : se expresa de manera inadvertida, en algunos casos, hasta se diría subrepticia.

Hay además un aspecto del caso ocurrido en Catamarca que tiene que ver con algo que es a la vez una característica indiscutida de las sociedades actuales : la tremenda injerencia de los medios masivos de comunicación en todos los órdenes de la vida, pública y privada, de los que no es excepción, sino al contrario, claro ejemplo, lo que ocurre --y posiblemente ocurrirá cada vez más-- en los procesos criminales. Al considerar esa cuestión vale la pena comparar otro ejemplo, el del caso ocurrido en California, conocido mundialmente, de O.J. Simpson, que data, aproximadamente, de la misma época que el de María Soledad Morales en Catamarca.

Se trata indiscutiblemente, el de Simpson, de un caso paradigmático en lo que concierne a la injerencia de los medios masivos que inundaron las pantallas de la televisión por cable del mundo entero con las audiencias diarias que se desarrollaron durante varios meses. Lo que interesa señalar de ese caso no tiene que ver con el acierto o desacierto de las conclusiones del jurado ni con la conducción del trámite por el juez ni con las actitudes de los abogados de una y otra parte. Lo que importa destacar es la circunstancia de que el veredicto final de inocencia haya contrariado a la gran mayoría de la opinión pública estadounidense que estaba convencida de la culpabilidad del acusado [15]. Acertada o equivocada, convencida por si misma o por la prédica incesante de los medios, lo cierto es que la opinión pública en ese caso no consiguió torcer la voluntad de apenas doce individuos. La comparación con el episodio de la prohibición de transmisiones del juicio de María Soledad Morales muestra, entonces, un contraste bastante evidente. En este último caso, al revés del de Simpson, la opinión pública consiguió prevalecer de manera contundente. El criterio de los tres jueces profesionales que decidieron una cuestión meramente incidental sobre el desarrollo de las audiencias, cualquiera sea su acierto o desacierto, quedó desautorizado al día siguiente [16] .

La reflexión que sigue resulta un tanto paradójica. La influencia de la ciudadanía en donde no está prevista ni reglamentada su participación es mucho mayor que donde si lo está. No hace falta ninguna demostración para entender lo incontrolable que puede volverse la presión de la opinión pública en casos como los descriptos de participación espontánea. De eso se sigue la conclusión que, a manera de proposición prospectiva, quiero dejar finalmente sentada. Es una suerte de vaticinio para el futuro que ya es presente : en el siglo XXI la única posibilidad de contrarrestar la interferencia de los medios masivos y de la opinión pública formada a partw ir de ellos, será fortalecer donde ya existe o establecer donde aún no existe, la participación de la ciudadanía en el enjuiciamiento criminal.