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Revue internationale de droit pénal

2003/1-2 (Vol. 74)

  • Pages : 658
  • ISBN : 2-7492-0064-4
  • DOI : 10.3917/ridp.741.0577
  • Éditeur : ERES


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I. La relevancia de la corrupción

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La corrupción–esto es, el abuso de autoridad a cambio de una ventaja- así como las infracciones relativas a la corrupción causan un grave daño. La corrupción lleva a un daño económico sustancial, atenta contra la integridad y el funcionamiento eficiente de la administración pública, frustra la confianza pública en los órganos del estado, deteriora el estado de derecho y la democracia, tuerce la leal competencia económica e impide el desarrollo económico. La corrupción puede ser un medio utilizado por el crimen organizado para ejercer influencia y penetrar en las estructuras económicas, administrativas y políticas. La corrupción es especialmente peligrosa cuando se lleva a cabo de manera sistemática o transnacional. Es por ello necesario combatir con medidas eficaces la corrupción en las relaciones económicas internacionales.

II. La necesidad de un enfoque multilateral

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1. La contención de la corrupción requiere medidas múltiples. En primer lugar, son precisas medidas efectivas de prevención de la corrupción. Además, se necesitan leyes penales eficaces contra la corrupción para poner de manifiesto el carácter reprensible de la corrupción y para intimidar a los potenciales delincuentes.

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2. Combatir la corrupción es difícil porque las infracciones de corrupción son frecuentemente cometidas en secreto, sin víctimas individuales que puedan quejarse. Además, la corrupción sobrepasa a menudos las fronteras nacionales. El éxito en la lucha contra la corrupción exige por ello esfuerzos conjuntos por parte de la comunidad internacional, en particular :

  • medidas efectivas para la prevención de la corrupción;

  • leyes penales nacionales contra la corrupción acordes con los standards internacionales mínimos

  • investigación, persecución y enjuiciamiento efectivos, al tiempo que se salvaguardan los derechos humanos de los sospechosos y víctimas

  • sanciones efectivas contra los condenados por corrupción

  • auxilio legal internacional efectivo

III. Medidas de prevención de la corrupción

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1. La adopción de medidas efectivas de prevención de la corrupción es algo de crucial importancia en la lucha contra la corrupción.

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2. Es indispensable el apoyo público en la contención de la corrupción.

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3. A fin de movilizar el apoyo público, se anima a los estados a poner en marcha campañas de concienciación y a desarrollar programas educativos sobre los peligros de la corrupción.

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4. El aseguramiento de un buen gobierno del sector público es un requisito previo para la contención de la corrupción. A tal fin pueden ser de utilidad las medidas siguientes :

  • selección cuidadosa del personal con competencia e integridad para el servicio público

  • remuneración adecuada de los funcionarios públicos

  • aprobación de códigos de conducta para los funcionarios públicos, con inclusión de reglas sobre conflictos de intereses e incompatibilidades

  • participación de más de un funcionario público en el proceso de toma de decisiones críticas

  • estrictos controles internos y externos, con inclusión de auditorías aleatorias

  • líneas calientes sobre corrupción

  • Ombudsmen de corrupción independientes y comisiones independientes anticorrupción

  • desarrollo de listas de “señales de alerta” de corrupción.

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5. Debería mantenerse el grado más alto de transparencia del sector público con el fin de promover la integridad y combatir la corrupción. Los medios de comunicación y las ONG juegan un importante papel a la hora de garantizar la transparencia. Los estados deberían asegurar el derecho público de acceso a la información. Debería estudiarse la declaración pública de bienes de ciertos funcionarios públicos.

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6. Debería apoyarse la introducción de medidas anticorrupción y programas de conformidad por parte de las empresas privadas.

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7. Debería existir un marco legal apropiado de exigencia de standards de responsabilización y auditoría, que incluya penas efectivas para las graves infracciones, 8. El derecho fiscal interno debería impedir toda deducción fiscal de los sobornos.

IV. Leyes penales contra la corrupción

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El núcleo de la legislación penal relativa a la corrupción se integra por las disposiciones en materia de corrupción activa y pasiva.

1. Corrupción de funcionarios públicos

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1.1 Las disposiciones relativas a la corrupción de funcionarios públicos deberían centrarse sobre las personas que actúen en nombre del estado o de la administración pública a cualquier nivel de jerarquía y en cualquier función legislativa, ejecutiva, administrativa o judicial, con inclusión de las empleados de los gobiernos nacionales y locales, los miembros de los cuerpos legislativos nacionales y locales, jueces, fiscales y empleados de las entidades controladas por los gobiernos.

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1.2 El tipo objetivo de la corrupción pasiva debería definirse como el solicitar, manifestar la disposición a aceptar o aceptar por parte de cualquier funcionario público, en cualquier momento, cualquier ventaja indebida para sí o para otra persona o institución a cambio del cumplimiento o del incumplimiento de sus obligaciones como funcionario público. La definición típica no debería exigir la realización del acto o de la omisión que se pretende mediante la ventaja. El hecho de que el funcionario público solicitado, manifieste su disposición a aceptar o acepte una ventaja a cambio de abusar de sus funciones públicas puede ser considerado como una circunstancia agravante a la hora de la imposición de la pena.

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1.3 El delito de corrupción activa debería definirse de manera paralela a la corrupción pasiva. El tipo objetivo es prometer, ofertar o conceder en cualquier momento, cualquier ventaja indebida a cualquier funcionario público o a otra persona o institución a cambio de la realización o no realización de las funciones del funcionario público.

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1.4 El término “ventaja indebida” comprende ventajas tanto monetarias como nomonetarias. La aceptación y concesión de ventajas menores en un contexto socialmente aceptado puede quedar exenta de responsabilidad por corrupción.

2. Corrupción en el sector privado

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2.1 La corrupción de ejecutivos y agentes de las empresas viola el interés en una competencia leal y puede ser también lesiva para aquellas empresas cuyo ejecutivo o agente es corrompido.

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2.2 La ley debería definir como posibles delincuentes de corrupción pasiva en el sector privado a los ejecutivos y agentes de cualquier empresa. El tipo objetivo debería definirse como el demandar, manifestarse dispuesto a aceptar o aceptar, en cualquier momento, cualquier ventaja indebida a cambio de un acto u omisión inadecuados en relación con los asuntos del principal.

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2.3 El tipo objetivo de la corrupción activa en el sector privado debería definirse como el ofrecer, prometer o conceder, en cualquier momento, cualquier ventaja indebida a un ejecutivo o agente de cualquier empresa a cambio de un acto u omisión inadecuados en relación con los asuntos del principal.

3. Tráfico de influencias

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3.3 La ley debería definir el tráfico de influencias como una forma de corrupción. El tipo objetivo del tráfico de influencias es cometido por cualquier persona que, afirmando que es capaz de ejercer influencia sobre un funcionario público, solicita, se manifiesta dispuesta a aceptar o acepta cualquier ventaja indebida para sí o para otra persona o institución a cambio de ejercer una influencia inadecuada sobre cualquier funcionario público.

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3.4 Los estados deberían convertir en un hecho punible el ofrecer o conceder cualquier ventaja indebida a una persona que haga tráfico de influencias.

4. Sanciones

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4.3 Las penas para los delitos de corrupción deberían ser efectivas, proporcionales y disuasorias. El hecho de que el delincuente haya actuado en beneficio de un grupo criminal organizado debería ser tratado como una circunstancia agravante a la hora de la imposición de la pena.

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4.4 La inhabilitación para cargo público podría ser una consecuencia posible de la corrupción pasiva. Para los autores de corrupción activa, podría aplicarse como sanción la inhabilitación para contratos del sector público.

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4.5 Los sobornos deberían ser decomisados. Los delincuentes por corrupción podrían ser también privados de los privilegios y productos procedentes del delito. Si el comiso se emplea como sanción, deberían tenerse en cuenta los intereses de terceros.

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4.6 Cuando la corrupción se haya cometido en nombre de una persona jurídica, debería disponerse de sanciones contra las personas jurídicas, en la medida en que el delito pueda imputarse a la persona jurídica.

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4.7 Medidas disciplinarias efectivas podrían servir de complemento a las sanciones penales.

5. Delitos relacionados con la corrupción

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5.3 La corrupción se encuentra a menudo relacionada con la comisión de otros delitos, por ejemplo, fraude, malversación, abuso de confianza, apropiación indebida, acuerdos dirigidos a restringir o influir deslealmente en la competencia o descubrimiento y relevación de secretos legalmente protegidos. La ley debería prever una sanción adecuada de estos delitos.

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5.4 Deberían aprobarse y aplicarse de manera efectiva leyes en materia de blanqueo de capitales que prevean penas para el blanqueo de los productos de la corrupción.

6. Aspectos internacionales

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6.3 El derecho penal nacional debería cubrir la corrupción activa de los funcionarios públicos de estados extranjeros y de los funcionarios de las organizaciones internacionales de carácter público (en su conjunto : funcionarios públicos extranjeros). Los estados deberían considerar la incriminación de la corrupción pasiva de los funcionarios de las organizaciones internacionales a las que pertenezcan.

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6.4 Los estados deberían extender su jurisdicción a la corrupción activa de funcionarios públicos extranjeros cuando el delito se cometa en su territorio. Si un estado no concede la extradición de sus nacionales, debería extender su jurisdicción a la corrupción activa de funcionarios públicos cometida por sus nacionales.

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6.5 El derecho penal nacional debería extenderse a la corrupción en el sector privado cometida en el extranjero por un nacional del estado.

V. Investigación, Persecución y Enjuiciamiento

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1. La investigación, persecución y enjuiciamiento de la corrupción debería quedar exenta de toda influencia política o económica indebida, así como de cualquier otra influencia irregular.

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2. Los funcionarios públicos que conozcan casos de corrupción deberían quedar obligados a informar de esos casos a las autoridades apropiadas. El deber de comunicación debería extenderse a las personas privadas.

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3. Los estados deberían suministrar recursos necesarios para la efectiva investigación, persecución y enjuiciamiento de la corrupción.

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4. La ley debería proveer métodos apropiados de investigación de los delitos de corrupción. Estos métodos podrían incluir investigaciones encubiertas e intercepción de comunicaciones. Deberían establecerse garantías adecuadas, con inclusión del control judicial, para la protección de los derechos humanos, en particular, el derecho a la intimidad.

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5. Los estados deberían considerar el establecimiento de incentivos para aquellas personas que cooperan en la investigación o persecución de los delitos de corrupción. Para los sospechosos los incentivos podrían incluir la exención o atenuación de la pena. Cuando esto sea incompatible con el sistema procesal del estado, puede garantizarse a los testigos inmunidad con objeto de compelerlos a testificar.

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6. En los casos de corrupción, los estados deberían proteger a los testigos. Las personas que, de buena fe, informan de actos de corrupción deberían quedar protegidas de toda consecuencia negativa indebida.

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7. El secreto bancario no debería ser reconocido como un obstáculo a las medidas provisionales o de investigación adoptadas por la autoridad competente en relación con delitos de corrupción en el contexto de una investigación doméstica o en respuesta a una solicitud adecuada de auxilio jurídico internacional.

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8. Los estados deberían considerar el permitir el uso de ficheros fiscales para la investigación de los casos graves de corrupción.

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9. Las reglas aplicables en materia de prescripción deberían permitir un período de tiempo adecuado para la investigación, persecución y enjuiciamiento.

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10. Los estados deberían considerar la creación y el mantenimiento de unidades especializadas para la investigación y persecución de los delitos de corrupción. El personal de esas unidades debería recibir adecuados recursos y formación.

VI. Cooperación internacional

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1. Los estados deberían suministrar auxilio jurídico internacional efectivo para la investigación persecución y enjuiciamiento de la corrupción de conformidad con su legislación y los tratados internacionales. A tal fin, y en la medida de lo posible y necesario, deberían armonizarse las leyes nacionales en materia procesal penal. Los estados deberían considerar la introducción de mecanismos para la devolución de los bienes sometidos a comiso.

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2. Las convenciones internacionales, en especial en el marco de las organizaciones internacionales y regionales, constituyen instrumentos valiosos para la promoción y coordinación de la operación internacional en el combate contra la corrupción. Sería deseable que esas convenciones incluyan mecanismos para el seguimiento de su aplicación.

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3. Debería promoverse la investigación y el intercambio internacional de información sobre la lucha contra la corrupción.

Plan de l'article

  1. I. La relevancia de la corrupción
  2. II. La necesidad de un enfoque multilateral
  3. III. Medidas de prevención de la corrupción
  4. IV. Leyes penales contra la corrupción
    1. 1. Corrupción de funcionarios públicos
    2. 2. Corrupción en el sector privado
    3. 3. Tráfico de influencias
    4. 4. Sanciones
    5. 5. Delitos relacionados con la corrupción
    6. 6. Aspectos internacionales
  5. V. Investigación, Persecución y Enjuiciamiento
  6. VI. Cooperación internacional

Pour citer cet article

« Corrupción y delitos relacionados con la corrupción en las relaciones económicas internacionales », Revue internationale de droit pénal 1/ 2003 (Vol. 74), p. 577-582
URL : www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2003-1-page-577.htm.
DOI : 10.3917/ridp.741.0577

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